Corrupción en Baleares: abren diligencias de investigación por la falsificación de documento público

La Justicia ha abierto diligencias de investigación por la falsificación de un documento público que afectan directamente al número 2 de la Conselleria de Energía e Industria que preside el juez de Podemos en excedencia, y vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes. La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, ha dictado un auto en el que señala como denunciado al director general de Industria, Antonio Morro, por un supuesto delito de falsificación de documento público relacionado con el denominado caso Varadero.

Como ya ha informado OKDIARIO, la Conselleria de Energía e Industria que preside Yllanes falsificó un documento público con la finalidad de evitar fuertes sanciones al clúster de empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en Baleares y que integran PSOE, Unidas Podemos y la formación independentista Més.

La investigación no es sólo por la falsificación de un  documento público sino también por haber hecho desaparecer de la web el documento falsificado.  La falsificación de este documento evitó fuertes sanciones a las empresas del sector náutico afines al Govern por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente. Además, y lo que es más importante, paralizó una investigación judicial que hubiera perjudicado tanto a las empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas como al propio Ejecutivo balear que las protegía.

Los hechos

Los hechos se remontan teóricamente al 29 de julio de 2020 cuando la Conselleria del podemita Juan Pedro Yllanes firmó una resolución por la que se archivan los expedientes sancionadores contra empresas del sector náutico afines al Govern. En realidad este documento no se firmó el 29 de julio sino que fue creado y firmado el 10 de septiembre del mismo año, según certifica el informe de los peritos judiciales informáticos.

Lo que sucedió es que el 9 de septiembre de 2020 el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la Conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después el Govern saca a relucir la resolución por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar y que, por tanto, no hay nada que investigar.

El truco estuvo en crear el documento un día después de que el juez solicitara toda la documentación y que se firmara poniendo la fecha 29 de julio. Esta falsificación de documento público figura en la ampliación de la querella presentada por el Grupo Fabkina.

Al mismo tiempo que sucedía todo esto, el propio Govern estaba concediendo importantes subvenciones a las empresas expedientadas dentro de su programa para potenciar el sector náutico. Lo que no podía pasar en ningún caso es que el Govern apareciera como financiador de unas empresas que estaban expedientadas por graves infracciones a la normativa sobre seguridad industrial, entre otras.

Lo que sucedió posteriormente es que el documento falsificado fue destruido y ha desaparecido de la web del Govern. Fue una burda maniobra ejecutada a la desesperada por el Ejecutivo de Armengol tras estallar el escándalo del caso Varadero y llegar éste al Parlament balear, donde PP y Vox han puesto contra las cuerdas al Gobierno autonómico por la falsificación documental cometida desde la Conselleria de Yllanes, para favorecer empresas del sector náutico que no cumplían las normativas sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.